Los centros especiales de empleo crecen en el mercado laboral

LAS PALMAS DE G.C.–Desde que en 1982 se aprobó la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi), la política de promoción de empleo de personas con discapacidad ha variado mucho desde entonces.

Además de la contratación directa que exige la Lismi, existen otras alternativas para su cumplimiento. Una de ellas se trata de una donación de carácter monetario equivalente a 1,5 veces el Iprem anual, y que supone la creación indirecta de un puesto de trabajo para personas con minusvalía. Este año la cifra supone una cuantía de alrededor de 7.000 euros.

Otra alternativa para el cumplimiento de la ley, que por otro lado, su inspección se realiza en nuestro archipiélago de una manera eficiente siendo la primera comunidad autónoma con mayor cumplimiento en la ley de integración social del minusválido,supone la constitución de un enclave laboral con el correspondiente contrato de un centro especial de empleo. El incumplimiento de esta ley supone una sanción económica para aquellas empresas con más de 50 trabajadores que no incorporen al menos a un discapacitado.

En los últimos años, el auge de los centros especiales de empleo está en crecimiento en el mercado. Sólo en nuestra comunidad se registran más de 40 centros para la contratación de personas con discapacidad, una de las medidas alternativas para el cumplimiento de la ley de integración que obliga la incorporación en la plantilla de un 2% de discapacitados para las empresas con 50 trabajadores. En la provincia de Las Palmas existe un total de 29 centros frente a los 14 en Santa Cruz de Tenerife. En la capital grancanaria existe uno de los centros que próximamente tendrá delegación en ambas provincias, Servidis, que en tan sólo dos años cuenta con más de cuarenta empresas colaboradoras y con una plantilla de más de 50 trabajadores.

Pese a que estas alternativas son un beneficio para todos los eslabones sociales, aún existen problemas que solventar correspondientes a la falta de conciencia por parte de las instituciones y empresas urbanísticas con respecto a la ley sobre barreras arquitectónicas, ya que hasta entonces, sólo parece cubrir las necesidades de personas con problemas de movilidad, olvidándose de las personas con problemas sensoriales como los sordos o los ciegos. Uno de los ejemplos es que apenas existen señalizaciones acústicas en la mayoría de semáforos de nuestras islas.

Víctor Morales es responsable de los discapacitados mentales en el Servicio Canario de Salud, y realiza una función única por la particularidad de su tarea no sólo a nivel regional sino estatal. Se encarga de tutorizar a los enfermos del Servicio Canario de Salud para su integración y afirma que la discapacidad mental es la peor considerada socialmente frente a la discapacidad sensorial o física. Sus alegaciones apuntan a la falta informativa de las enfermedades mentales que, por otro lado, los testimonios de los medios de comunicación siempre apuntan a noticias escabrosas que no ayudan a la integración de personas con este tipo de patologías.


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Publicado por

Victor

www.wasesores.com

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