Ley de dependencia en esquizofrenia (II), Canarias.

30.000 personas han solicitado en Canarias acogerse a la ayuda de la Ley de Atención a la Dependencia, de las que sólo 7.674 -la mayoría personas con discapacidad severa- reciben alguna prestación, ya sea a través de una paga para costear el cuidado en el entorno familiar (4.290 personas) o una ayuda económica ligada a un servicio residencial o centro de día (3.386). Para el resto la Ley no ha traído, de momento, una solución.

La Consejería de Bienestar Social justifica sus malos resultados en la falta de fondos aportados por el Gobierno central y a la propia dinámica de la normativa, que impone su desarrollo por fases, dando prioridad a los enfermos más graves.

“Las familias nos hacemos cargo de estas personas, muchas veces sin medios y sin fuerzas”, confiesa en Guanarteme Guillermina Santana, de 68 años, que cuida de su hermana nueve años mayor y con demencia senil. “Mi sobrino hizo los trámites el año pasado para que nos den una ayuda, nos la han valorado en el nivel II, y ahora estamos esperando, pero no sabemos por cuánto tiempo”, confiesa preocupada.

Según la Administración, en este tiempo se han realizado 29.000 resoluciones, de las cuales, el 40 por ciento se trata de personas con grado de dependencia diagnosticado que están en lista de espera. “El resto”, informan, “ya recibe un servicio, que muchos de ellos ya percibían a través de los planes sociosanitarios de Canarias: La Atención a Personas Mayores y de Atención a la Discapacidad”, que puede ser, teleasistencia, ayuda a domicilio (más de 17.000 personas) y prevención (unas 10.000 personas), según datos de la Consejería autonómica.

Para Antonio Arbelo, de la Plataforma de Salud Mental de Las Palmas de Gran Canaria, nada de esto tiene fundamento, y se queja de que no se están aplicando los plazos debido a que la ley no termina de absorber a los dependientes severos; “es la cola del camión, que cuando por fin se retire será cuando se vea que es kilométrica”. Arbelo sostiene que hay una “total falta de disposición y de ganas” por parte del Gobierno de aplicar la legislación. Ahora, encima, la crisis se nos ha echado encima, “pero en época de bonanza”, recuerda, “tampoco se hizo un esfuerzo para hacer más residencias públicas o centros de día para estas personas”, afirma.

Todo este proceso de instancias, entrevistas, papeleo y esperas resulta excesivamente largo para todos. Tras la presentación de la solicitud de ayuda, que se puede presentar en cualquier administración del Gobierno, cabildos o correo, los trabajadores sociales son los encargados de ir a las casas y valorar el grado de dependencia de las personas que solicitan un recurso. Los técnicos evalúan actividades como beber o comer, regular la micción, lavarse, vestirse, la orientación para desplazarse por casa o en la calle, o si tiene capacidad de adoptar o no decisiones. Aparte se estiman ingresos y patrimonio del enfermo, lo que determinará la entrada o no en el sistema.

La portavoz de la Plataforma de Apoyo a Personas Dependientes Nuestro Derecho, Gisela Rivero Marrero, afirma que “no se ha avanzado nada por culpa de la incompetencia del Gobierno”. “Se está tardando alrededor de dos años desde el primer papel para todo el proceso”. Además, añade “que se hacen valoraciones que no corresponden”. Así por ejemplo, explica, que “a una persona con autismo no le dan el máximo nivel si él sólo puede tomar un vaso y beber, pero no se tiene en cuenta que el autista es incapaz de discernir si es agua o lejía”, razona.

Gisela enumera casos de personas, por ejemplo con parálisis cerebral, que tienen concedido un centro de día, “y ya por eso no le dan más ayuda”, afirma. “Otras que por su nivel de discapacidad entran en la opción de tener plaza en un centro, son desalentadas por algunos trabajadores sociales, quienes presionan a la familia para que opten por la paga”, afirma, ya que les advierten que “sino te vas a quedar sin nada porque las listas de espera son largas y el sistema ya está totalmente colapsado”, desvela.

Canarias cuenta con 53 centros para mayores en los que se atiende a unas 10.000 personas, y 127 centros para personas con discapacidad, en los que se presta atención a 4.700 personas, según la consejería de Inés Rojas.

Frente al desánimo de muchas familias, la ley prevé la posibilidad de acudir a los tribunales si el calendario previsto no se cumple, “pero ir a los tribunales es caro y la esperanza de vida de muchos ancianos dependientes se agotaría antes de ir a juicio”, lamentan.

Una gran mayoría coincide en que es una buena Ley con las mejores intenciones. Pero lo importante es que se aplique y no se pierda por el camino.

Extraido del artículo de La Provincia

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Publicado por

Victor

www.wasesores.com

2 comentarios sobre “Ley de dependencia en esquizofrenia (II), Canarias.”

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